La semana pasada los medios de comunicación recogían la noticia sobre la candidatura de Soria para ocupar un puesto en el Banco Mundial, así como, lo peor de todo, el apoyo institucional que había recibido del Gobierno español (http://www.lne.es/espana/2016/09/04/rajoy-respalda-candidatura-soria-banco/1979034.html). La presión de los medios de comunicación y de los partidos de la oposición forzó la renuncia de Soria a ocupar dicho puesto.

Obviamente, dada la situación, las principales formaciones políticas de la oposición también solicitaron la comparecencia inmediata de Luis de Guindos para dar explicaciones ante el pleno del Congreso de los Diputados por la candidatura de Soria, el procedimiento seguido para que dicha persona fuera escogida y los motivos que llevaban a que el Gobierno respaldara que una persona de reputación tachable “representara” a España en un organismo de la importancia que tiene el Banco Mundial.

Ante esta tesitura, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comunicó que Luis de Guindos no comparecería ante el pleno del Congreso de los Diputados (ver, por ejemplo, http://www.elespanol.com/espana/politica/20160909/154235067_0.html o http://www.huffingtonpost.es/2016/09/11/guindos-congreso-soria_n_11961540.html).Los motivos que, grosso modo, alegó la vicepresidenta es que un Gobierno en funciones no puede ser objeto de control parlamentario y que, por lo tanto, en su caso, únicamente comparecería ante una Comisión (y no ante el pleno del Congreso de los Diputados).

Estas manifestaciones realizadas por la vicepresidenta abren, en realidad, una caja de pandora. Constituyen un hito inimaginable. Surgen multitud de preguntas. La primera y principal creo que es ¿Puede el Congreso de los Diputados controlar a un Gobierno en funciones o es cierto, como dice Soraya Saénz de Santamaría, que el Gobierno en funciones no puede ser controlado por el Congreso de los Diputados?

Respecto a esta cuestión, el primer punto de vista que entiendo conviene ser analizado es el jurídico. Para ello, tenemos que acudir, principalmente, a la Constitución Española y a la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno.

Desde una perspectiva puramente jurídica, a la hora de valorar si un Gobierno en funciones puede (o no) ser sometido al control del Congreso de los Diputados, es fundamental que atendamos a lo que establece la Constitución Española. Los preceptos de la Ley 50/1997 únicamente pueden ser interpretados en el marco de lo dispuesto en la Constitución Española.

Así, el punto de partida que hay que tener en consideración es que la Constitución Española dispone que las Cortes Generales representan al pueblo español y que, entre otras competencias, tiene la de controlar al Gobierno.

Por otra parte, hay que considerar que la Constitución Española también establece claramente, entre otras muchas cosas, cuándo cesa el Gobierno; e impone el deber al Gobierno cesante de continuar en sus funciones hasta la toma de posesión del siguiente Gobierno.

A estos efectos, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 2 de diciembre de 2005, al interpretar este mandato constitucional dijo expresamente que “el Gobierno cesante debe seguir gobernando hasta que sea sustituido efectivamente por el nuevo. La Constitución es tajante, ordena al Gobierno que continúe ejerciendo sus funciones tras su cese y no excluye expresamente ninguna de entre las que quiere que sigan siendo ejercidas”.

Esta Sentencia, de hecho, viene a indicar expresamente que la condición de que un Gobierno esté “en funciones” no tiene que ir acompañada, necesariamente, de la inexistencia de control parlamentario.

Por otro lado, respecto a la Ley 50/1997, es cierto que el artículo 21 de la referida Ley establece una serie de limitaciones en cuanto a las actuaciones y facultades que tiene el Gobierno a la hora de gobernar, pero en ningún caso prevé que no pueda ser controlado por el Congreso de los Diputados.

Ello sin obviar, como he dicho antes, que el control de la acción del Gobierno es una atribución competencial directamente atribuida por la Constitución Española a las Cortes Generales. No hay que olvidar que las Cortes Generales sí que están formalmente constituidas actualmente tras las elecciones. Una vez constituidas, ha nacido a su favor el derecho y el deber de ejercer las competencias constitucionalmente atribuidas (incluido el control del Gobierno). No se le puede quitar una competencia constitucional a las Cortes Generales cuando estas sí que están debidamente constituidas y tienen atribuidas unas competencias inviolables. Lo contrario sería quitarle competencias constitucionales sin razón aparente.

Por consiguiente, en tanto que las Cortes Generales están constituidas y tienen “asignadas” una serie de competencias (entre las que se encuentra el control del Gobierno), no puede existir una voluntad del Gobierno de dilapidar o entorpecer el ejercicio de las competencias que las Cortes tienen. El Congreso de los Diputados tiene que ver garantizado su derecho a ejercer la competencia constitucional de controlar al Gobierno (en funciones o no). El Gobierno (aunque esté en funciones) no puede tratar de impedir que el Congreso de los Diputados ejerza las competencias asignadas. El control del Gobierno (en funciones o no) debe existir siempre.

Dicho todo lo anterior, sí que quería puntualizar que entiendo que una cuestión distinta es que el Congreso de los Diputados pueda hacer uso del control parlamentario para ejercitar acciones de responsabilidad política (v.gr. mociones de censura). Este tipo de acciones sí que entiendo que no estarían habilitadas durante un Gobierno en funciones precisamente porque dichos miembros del Gobierno en funciones continúan en tal cargo por mandato constitucional. Es la Constitución Española la que les “obliga” a seguir ejerciendo las funciones del Gobierno.

Es decir, mi opinión es que desde una perspectiva puramente jurídica existe el deber del Gobierno en funciones de someterse al control parlamentario (y por tanto comparecer y responder ante el Congreso de los Diputados), pero no se podrá ejercitar una acción de responsabilidad política frente a los miembros del mismo.

No obstante todo lo que he venido diciendo, conviene recordar que para dilucidar este problema desde la perspectiva jurídica se ha planteado la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Entiendo que el Tribunal Constitucional dará una solución jurídica a la cuestión que he planteado aquí.

Más allá de lo estrictamente jurídico, desde una perspectiva lógica no tiene ningún sentido que si un Gobierno en funciones sigue gobernando por mandato constitucional, éste no pueda ser controlado por el Congreso de los Diputados. De lo contrario, el Gobierno en funciones (que está “menos” legitimado que el Gobierno elegido), tendría menos control que un Gobierno plenamente constituido. Es absurdo, es incoherente, resta garantías constitucionales y quiebra una de las esencias elementales de la división de poderes (control de un poder sobre otro).

De hecho, desde un punto de vista político y moral, creo que la actuación del Partido Popular deja mucho que desear. Presumen de ser patriotas y, sin embargo, rechazan dar explicaciones ante el pleno del Congreso de los Diputados (máximo órgano de representación política de los españoles). Al margen de lo puramente jurídico, en política hay que valorar la cuestión moral. Si el Partido Popular hubiera actuado de una forma ética y moralmente aceptable, al margen de lo que dijera el Tribunal Constitucional, habría aceptado directamente que su Ministro fuera interpelado por el Pleno del Congreso de los Diputados (incluso sin necesidad de que hubiera sido la oposición quien lo reclamase). Aunque, obviamente, lo primero que no tendría que haber hecho el Partido Popular es promover y defender la candidatura de Soria…

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