Esta semana hemos asistido a otro intento fallido de investidura para que alguien ocupe el cargo de Presidente del Gobierno. La fragmentación del Congreso de los Diputados entre las distintas fuerzas políticas ha propiciado, nuevamente, la imposibilidad de alcanzar un acuerdo suficiente para nombrarlo.

A pesar de los esfuerzos demostrados por Ciudadanos en buscar un consenso, acercar posturas y promover el inicio real de la legislatura, la realidad es que en España llevamos un tiempo muy prolongado sin Gobierno efectivo. Esto, necesariamente, obliga a pensar si nuestro sistema político tiene que ser replanteado para poder superar situaciones como las que estamos viviendo y, sobre todo, para reforzar la soberanía popular e incentivar una participación más directa de los votantes.

Nuestra forma política de Estado consiste, básica y superficialmente (sin entrar en una gran profundidad explicativa), en que los votantes ejercen su derecho de voto para elegir a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado. Una vez que el Congreso de los Diputados está constituido con todos los miembros elegidos por los votantes, son los Diputados (y no los votantes) los que eligen al Presidente del Gobierno. A su vez, posteriormente, el Presidente del Gobierno es el que escoge a los miembros que van a formar parte de su Gobierno (a los Ministros).

Es decir, existe algo así como una delegación de poder. La soberanía popular es transferida desde el pueblo al poder legislativo para que sea este poder (en nuestro caso al Congreso de los Diputados) el que elija al responsable del poder ejecutivo (al Presidente del Gobierno). Una ruptura encubierta de la soberanía del pueblo.

Este sistema conlleva, por su esencia, una injerencia directa del poder legislativo en el poder ejecutivo. Significa que no hay una verdadera separación de poderes y que se debilita la verdadera participación de los votantes al elegir al Presidente del Gobierno.

Esto, unido a que los Diputados (en la práctica) no tienen voz individual distinta de la que le impone su respectivo partido, implica que, en realidad, los partidos políticos son los elementos de poder (en lugar de instrumentos del sistema al servicio de los ciudadanos) que controlan todos los poderes del Estado de Derecho. La esencia de la democracia se ve alterada, la soberanía popular deja de residir, en la práctica, en los ciudadanos; y los principios elementales de un Estado de Derecho se corrompen. Es decir, con el sistema actual se fomenta el control partidista del Estado en todos los ámbitos.

Este modelo, además, como se ha visto a lo largo de nuestro actual período democrático, implica la vital dependencia que existe del Congreso de los Diputados. De hecho, en estos dos intentos de investidura (tras las elecciones de diciembre y de junio) hemos asistido a la principal debilidad de este actual modelo político. Cuando los miembros del Congreso de los Diputados son incapaces de alcanzar acuerdos, es imposible formar Gobierno.

Llegados a este punto, y sabiendo todas las deficiencias que tiene nuestro actual modelo político, cabe pues plantearse la necesidad de promover un cambio a mejor en este ámbito. ¿Y si los votantes eligieran tanto a los miembros del poder legislativo como al responsable del poder ejecutivo? Es decir, ¿y si los votantes eligieran directamente a los Diputados, los Senadores y al Presidente del Gobierno?

Ello es posible con un modelo político distinto que consistiría básicamente en que el Presidente del Gobierno no fuera elegido por los Diputados, sino por los votantes directamente. No obstante, los votantes seguirían eligiendo a los miembros del poder legislativo (Diputados y Senadores), con las reformas en el sistema de representación que ya propuse en mi artículo titulado “La injusticia en el voto” (https://tomasgil.net/2016/07/04/la-injusticia-en-el-voto/).

¿Cómo se podría articular esta elección directa del Presidente del Gobierno por los votantes y evitar bloqueos institucionales? Sería relativamente sencillo si recogemos ideas de modelos que ya están implantados en otros Estados: unas elecciones a Presidente del Gobierno a doble vuelta.

En la primera vuelta, todos los partidos políticos presentarían a un candidato de su formación. Los votantes ejercerían su derecho al voto eligiendo sólo, única y exclusivamente, a un candidato individualmente. Es decir, cada votante elegiría un solo candidato de entre todos los que se han presentado.

A la segunda vuelta únicamente accederían los dos candidatos más votados. Los votantes tendrían que elegir sólo a uno de esos dos candidatos. El más votado sería investido Presidente del Gobierno (quien, a su vez, sería quien eligiese a los ministros que compondrían el gobierno).

El hecho de que a la segunda vuelta sólo lleguen dos candidatos (los dos más votados de la primera vuelta) implica que, necesariamente, va a existir un Presidente del Gobierno (el más votado de entre esos dos candidatos). Esto conlleva evitar situaciones de bloqueo institucional como la que estamos asistiendo en España. Con este sistema quedaría constituido, sí o sí, el poder ejecutivo de forma directa por los votantes, sin depender de la capacidad negociadora de los partidos políticos para este acto concreto.

Todo ello, sin olvidar que paralelamente se elegirían por los votantes a los miembros del poder legislativo. De tal forma que, en todo momento, se garantizaría que quedaran constituidas las Cortes Generales y quedara formado el Gobierno, no teniendo por qué existir una correlación entre Presidente del Gobierno y Congreso de los Diputados.

Así, se estaría promoviendo una efectiva separación de poderes y un control real de las actuaciones de ambos poderes, evitando un “sometimiento” por parte del poder legislativo al poder ejecutivo. Hoy en día, al ser el Presidente del Gobierno elegido por la mayoría de los Diputados, las acciones del gobierno prácticamente nunca se ven frenadas por los Diputados (porque la mayoría de estos han sido los que han elegido al Gobierno, y la mayoría de estos son los que, a su vez, refrendarán las acciones y omisiones del gobierno).

Con el sistema alternativo que me refiero aquí, sin embargo, se podría dar el caso de que el Presidente del Gobierno fuera candidato del Partido Popular y que, sin embargo, luego en el Congreso de los Diputados este partido político no tuviera una mayoría suficiente para aprobar sin pactar (como ha ocurrido ya, por ejemplo, en Estados Unidos con Barack Obama). Esto les obligaría, necesariamente, a negociar y consensuar ciertas actuaciones (por ejemplo, la aprobación de los Presupuestos). Se evitaría, entre otras cosas, el abuso de poder y del “decretazo” que hemos vivido los españoles durante las etapas de Rajoy y de Aznar.

Este cambio de modelo necesitaría una clara y firme voluntad política regeneradora de toda la clase política, dado que, como primer paso, se tendría que acometer una modificación de la Constitución Española y, posteriormente, de la restante normativa que desarrolla la misma en esta materia.

Creo que el cambio de modelo político es un debate que tiene que surgir (tarde o temprano) y que, analizándose detenidamente, esta alternativa planteada beneficiaría enormemente el funcionamiento de España redundando positivamente en el conjunto de la Nación.

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